Con motivo del Día internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre, se presentó un Manifiesto con las principales reivindicaciones de la mesa estatal por los derechos de las personas mayores.
Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebró el 1 de octubre en todo el mundo, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores presentó el Manifiesto 2020 con sus principales reivindicaciones y una llamada de atención ante la vulneración de derechos sufrida con motivo de la pandemia del COVID-19, que ha tenido un impacto desproporcionado sobre las personas mayores y ha evidenciado una profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración y en las residencias, así como una falta de respuestas adecuadas a sus necesidades y derechos por parte de los poderes públicos.
Por ello, la Mesa Estatal de los Derechos de las Personas Mayores exige garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente en el caso de aquellas que se encuentran en situación de pobreza, exclusión social o viven en el medio rural.
Ante la actual situación que estamos viviendo, las organizaciones de la Mesa recuerdan que es fundamental garantizar el derecho y el acceso a la sanidad pública de todas las personas mayores, así como reforzar los servicios profesionales de atención domiciliaria y teleasistencia, entre otros. Para ello, las organizaciones proponen diseñar las políticas públicas dirigidas a las personas mayores desde un enfoque basado en derechos que garantice la dignidad de todas las personas, independientemente de sus circunstancias.
Así mismo, proponen cambiar el modelo sanitario actual, así como una apuesta por la profesionalización del sector de los cuidados y manifiestan que es fundamental apostar por el tercer sector de acción social sin ánimo de lucro para la cobertura de servicios sociales, frente a otras entidades con fines lucrativos.
Además, consideran indispensable reformar la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para adaptar las prestaciones a la nueva realidad y poner en marcha políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de los mayores por razón de edad, en la que se destaque el valor y la ética de los cuidados, se promueva el envejecimiento activo y el ejercicio de sus derechos.
También consideran necesario apostar por un nuevo modelo habitacional de residencias y otros tipos de alojamientos basados en iniciativas de las propias personas mayores en los que, además de garantizarse la atención desde el Sistema Nacional de Salud, se trabaje con un enfoque de atención centrado en la persona.
En este sentido, las organizaciones exigen incluir en los presupuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas recursos económicos que permitan mejorar la atención de las necesidades de las personas mayores y hacer un seguimiento de oficio de aquellas situaciones de vulnerabilidad e indefensión que pudiesen padecer. Finalmente, las organizaciones reivindican que, desde España, se apoye de manera firme una Convención internacional sobre los derechos de las personas mayores por parte de Naciones Unidas.