La inversión en gasto social y, en especial, en educación es primordial para el avance de las sociedades. Esta es una premisa en la que todos y todas parecemos estar de acuerdo, pero de la que parecen olvidarse los estados cuando llega la hora de los recortes. Un buen ejemplo de esta situación ocurre en Latinoamérica, en la década del 2000 al 2010 se establecen las bases para potenciar reformas educativas, pero la situación económica y los mercados influyeron de forma definitiva para que los estados priorizaran en los programas económicos, esto trajo como consecuencia una reducción drástica en el gasto social. El desarrollo de este tipo de políticas fue la causa principal del aumento de las brechas de la desigualdad, persistiendo unos altos niveles de pobreza en la zona. Todo ello lo podemos constatar al revisar los indicadores de avances de los Objetivos del Milenio, los cuales siguen siendo mínimos y realizados a un ritmo muy lento.

En el caso concreto de la educación en Nicaragua, la situación sigue siendo preocupante, si bien las tasas de matriculación, crecieron de forma significativa hasta el año 2008, llegando a alcanzar un 70% de población en edad escolar matriculada, a partir de este año se produce un estancamiento que se mantiene hasta la actualidad y que nos indica que un 20% de población infantil sigue fuera de los colegios, y de este contingente poblacional, el 70,8% no tiene ningún grado aprobado, es decir se encuentran en situación de analfabetismo.